Este año 2026 se celebra el V Centenario de la creación de la Real Audiencia de Canarias, lo que es en la actualidad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
El punto de partida del Tribunal ha de situarse en la Real Cédula del emperador D. Carlos y la reina Dña. Juana, fechada en Granada el 7 de diciembre de 1526, por la que se decide el nombramiento de tres jueces de apelaciones que, con residencia en Gran Canaria, tengan jurisdicción sobre todas las islas del Archipiélago, tanto realengas como de señorío. La cédula justifica la creación del Tribunal al considerar que “conviene proveer que la Justicia se administre a nuestros súbditos con la menos costa e trabajo que ser pueda dándoles jueces que residan e estén en la parte más conveniente para ello”.
Dicha Real Cédula configura un verdadero tribunal como órgano de justicia de actuación colegiada, siendo la nota más relevante en estos momentos iniciales que la concepción de la monarquía expresada en dicha disposición es la del establecimiento de un órgano judicial fundamentalmente para la resolución de pleitos civiles y causas criminales en apelación para todas las islas Canarias, por lo que es un órgano principalmente de segunda instancia, siendo sus resoluciones apelables ante la Real Chancillería de Granada a partir de 1505, como antes lo fueron ante la de Valladolid y después ante la de Ciudad Real. Además, en esta primera época la autoridad directa del rey en cuanto a las labores de gobierno se ejercía a través de los gobernadores, con ámbito de competencias limitado a cada una de las islas realengas, no habiendo por tanto una autoridad regia general para el Archipiélago.
La propia Real Cédula expone un argumento a favor de la creación de la Real Audiencia, y es un motivo de tipo judicial: favorecer el acceso de los residentes canarios a la justicia, pues las revisiones de las sentencias de las justicias ordinarias, ya señoriales, ya realengas, se llevará a cabo por la Real Audiencia de Canarias. Pero, al mismo tiempo, con más relevancia que la anterior y aunque no se mencione expresamente en la resolución, hay otra razón favorecedora de la creación del Tribunal: la conveniencia de contar, en un territorio fragmentado y distante, con un órgano de absoluta confianza al que, en su caso, pudieran otorgarse atribuciones de carácter gubernativo para ejercerlas en el conjunto de las islas.
Aunque la real cédula de su creación se firmó en 1526, el tribunal no se constituyó solemnemente en Las Palmas hasta el 20 de septiembre de 1527. La iniciativa, impulsada desde Gran Canaria, generó un inmediato recelo en Tenerife. Cuando el mensajero Juan de la Rosa llegó a la isla vecina para reclamar el pago de los salarios de los jueces, los regidores tinerfeños protagonizaron una escena de sumisión formal y rebeldía económica: recibieron las cartas reales con los "bonetes quitados" en señal de respeto, pero se negaron a pagar, alegando que Tenerife no había pedido tal tribunal y que Gran Canaria, "tierra rica y de muchos azúcares", debía costearlo.
Estaba presidida por el comandante general de Canarias, aunque sus funciones de este eran prácticamente nulas sobre el tribunal, pues solo podía usar la influencia de su cargo para adelantar o retrasar procesos; quienes dictaban sentencia y atendían los casos eran los regentes y los oidores.
El título de Comandante General, adoptado oficialmente en 1723, implicaba que su titular debía residir en la isla de Gran Canaria para presidir el tribunal de las islas. Sin embargo, esto no se cumplió, al residir dicho comandante en la isla de Tenerife. Según recoge José D. Dugour en 1875, ya en 1661 el General Hurtado Don Gerónimo de Benavente y Quiñones, primer ocupante del cargo, obtuvo el privilegio de elegir su lugar de residencia, alternando entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife gracias a una licencia que le permitía establecerse donde considerara más conveniente.
Esta centralización suprimió la figura del Regente, dejando al jefe militar como "cabeza de la Audiencia". No fue hasta 1629, tras los ataques de Francis Drake (1595), Van der Does (1599) y el corsario Tabac Arráez (1618), cuando el rey Felipe IV restableció definitivamente la Capitanía General bajo el mando de Juan de Rivera Zambrana, como presidente de la Audiencia.
Es la Audiencia, por tanto, la primera institución real de las Islas con competencia sobre el conjunto de todas ellas. Así, la Audiencia se configura como órgano regio, con poder delegado por el monarca, y sus jueces en oficiales que actúan como representantes directos de la monarquía en las Islas.
A partir de ese momento se inicia, pues, la dilatada y relevante trayectoria de este Tribunal, cuya presencia institucional perdura hasta la actualidad. A lo largo de los años, ha experimentado profundas transformaciones en su estructura, competencias y denominación -actualmente, Tribunal Superior de Justicia de Canarias-, circunstancias que avalan su reconocimiento y justifican la organización de una serie de actos conmemorativos orientados a difundir su historia y destacar la relevancia de su función jurisdiccional y gubernativa, durante el presente año 2026.
Funcionó como tribunal hasta 1834, cuando, con la imposición del Liberalismo, las reales audiencias fueron suprimidas, y sus competencias fueron absorbidas por las Audiencias Territoriales. En su caso, la Real Audiencia de Canarias pasó a ser la Audiencia Territorial de Las Palmas, cuya sede se trasladaría, pocos años antes del incendio de las casas Consistoriales de Las Palmas en 1842, al edificio donde se encontraba el Tribunal del Santo Oficio y, más adelante al antiguo convento de San Agustín en 1865, del que solo queda hoy su iglesia. Este último será hasta la actualidad el Palacio de Justicia de la ciudad de Las Palmas, y por tanto, sede del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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